La barrera no es el examen.
Es el trámite.

La conversación sobre educación media superior en México suele girar alrededor de la exigencia académica: si el examen es duro, si el plan es pertinente, si el alumno llega preparado. Es una conversación necesaria. También es incompleta, porque supone que el estudiante ya entró.

Al primer trimestre de 2025 había en México 30.4 millones de personas de 15 a 29 años, el 23.3 % de la población total. De ellas, 14.5 millones no realizaban ninguna actividad económica.¹

Ese grupo —la población joven fuera del mercado laboral— es donde el sistema educativo se juega su resultado. Y su composición por escolaridad dice más de lo que suele citarse.

La misma frontera, vista desde el trabajo

Ese umbral reaparece del otro lado. En las unidades económicas micro, el nivel de estudios predominante del personal ocupado es la educación básica, con 41.3 %. En las pequeñas, medianas y grandes, el nivel predominante es la media superior, con 39.8, 38.2 y 35.9 % respectivamente.²

Terminar el bachillerato no es un trámite simbólico. Estadísticamente, es la línea que separa trabajar en un establecimiento de menos de once personas de trabajar en una empresa formal con estructura. La informalidad laboral entre los jóvenes de 15 a 29 años era de 58.8 %, contra 54.3 % de la población general.¹

No es un diploma. Es la puerta por la que se pasa de la economía informal a la formal, y millones de personas la tienen cerrada por razones que no son académicas.

Lo que la modalidad abierta resuelve, y lo que no

La preparatoria abierta existe precisamente para las personas que no pueden sostener un horario escolar: quien ya trabaja, quien cuida a alguien, quien vive lejos del plantel, quien lo intentó a los diecisiete y lo retoma a los treinta y cuatro. En el papel, elimina la barrera principal.

En la práctica, la sustituye por otra. La modalidad abierta descarga sobre el estudiante toda la carga administrativa que en el sistema escolarizado absorbe la escuela: averiguar qué módulo sigue, en qué sede se presenta, cuándo abre el registro, qué documento falta, a quién se le pregunta. Cada uno de esos pasos es un punto donde alguien abandona.

Y aquí conviene ser preciso sobre de quién es la falla. No es del estudiante que se rinde ante un trámite. Es del sistema que convirtió el trámite en un examen paralelo, no escrito, que se reprueba por cansancio.

El diseño como política pública

Hay una idea instalada de que el software de gobierno puede ser incómodo porque el usuario no tiene alternativa. Es cierto que no la tiene. De ahí no se sigue que la incomodidad sea gratis: se sigue que su costo se paga en deserción, no en cancelaciones.

Un portal que exige registrarse tres veces, que no dice en qué estado va un expediente, que pierde la sesión al minuto y que responde con un error sin instrucciones, está haciendo una selección. No selecciona por capacidad académica. Selecciona por tolerancia a la fricción, por acceso a internet estable, por tiempo libre para insistir y por alfabetización digital previa. Es decir, selecciona por clase.

Cuando ese portal administra el acceso a la educación media superior, el diseño de la interfaz deja de ser un asunto técnico y se convierte en política pública ejecutada por otros medios.

Qué significa construir para esto

Cuando entramos a trabajar sobre gestión académica en modalidad abierta, la primera decisión fue de orden y no de tecnología: antes de automatizar nada, había que saber en qué punto exacto se caía la gente. No en qué materia reprobaba —eso ya se medía—, sino en qué paso del proceso dejaba de intentar.

De ahí salieron tres criterios que hoy gobiernan el producto:

Uno. El estudiante nunca captura dos veces lo mismo. Si un dato ya está en el sistema, volver a pedirlo es trasladar al usuario un costo que corresponde a la institución.

Dos. El estado siempre es visible. En qué módulo va, qué le falta, cuándo es lo siguiente. La incertidumbre administrativa es, medida en abandono, tan cara como la dificultad académica.

Tres. La coordinación ve lo mismo que el estudiante. Cuando el gestor municipal, la coordinación estatal y el alumno miran versiones distintas de la verdad, la que gana es la que tenga el papel más reciente. Un solo sistema no es una eficiencia administrativa: es la condición para que alguien pueda responder.

Ninguno de los tres es una innovación técnica. Los tres son decisiones sobre dónde poner el esfuerzo: del lado de quien administra o del lado de quien estudia. Esa decisión se toma una vez y queda escrita en el software durante años.